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Fotomultas: El Concejo Deliberante aprobó la suspensión del sistema

La ordenanza declaró lesivo al interés público el sistema de control de infracciones con dispositivos de captación de imágenes y dispone la suspensión inmediata del procesamiento de infracciones, la emisión de notificaciones y las gestiones de cobro hasta que exista una resolución judicial firme.

En la sesión ordinaria N.º 93, el cuerpo de concejales aprobó una ordenanza que suspende el sistema de fotomultas en la ciudad e instruye al Departamento Ejecutivo a iniciar las acciones judiciales para solicitar la nulidad del decreto que lo implementó y del contrato celebrado con la empresa FLUXA S.A. La iniciativa fue impulsada por concejales del Bloque Comunidad.

La ordenanza declara lesivo al interés público el sistema de control de infracciones mediante dispositivos de captación de imágenes y dispone la suspensión inmediata del procesamiento de infracciones, la emisión de notificaciones y las gestiones de cobro hasta que exista una resolución judicial firme. Además, establece que cualquier futuro sistema de control electrónico deberá implementarse mediante licitación pública y con autorización del Concejo Deliberante.

La presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Namuncurá, destacó la decisión del cuerpo legislativo y sostuvo que “esta ordenanza busca garantizar la transparencia y el respeto por los procedimientos administrativos. El control del tránsito es una herramienta necesaria, pero debe implementarse dentro del marco legal y con reglas claras para todos”.

La titular del cuerpo agregó que el Concejo cumplió con su responsabilidad institucional al analizar el funcionamiento del sistema y avanzar con una norma que resguarda los intereses de los vecinos y del Municipio, dejando que sea la Justicia la que determine la validez de los actos administrativos cuestionados.

Namuncurá también remarcó que la suspensión no significa renunciar a los controles viales, sino establecer que cualquier sistema que se implemente en el futuro deberá contar con la participación del Concejo y realizarse mediante un proceso transparente, como una licitación pública.

Finalmente, señaló que el objetivo es brindar seguridad jurídica, fortalecer las instituciones y asegurar que las políticas públicas vinculadas al tránsito se desarrollen con el debido respaldo legal.

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